Son las ocho y media de la mañana y las puertas del centro cívico ya están abiertas. Alguien ha recorrido las salas, encendido las luces, comprobado que todo esté en orden. En la entrada, el personal de conserjería atiende las primeras consultas del día: una vecina pregunta por las actividades de teatro, un grupo de mayores confirma el horario de la sala que han reservado, un técnico municipal necesita las llaves del almacén. Son gestos cotidianos que sostienen la vida comunitaria de Valladolid y detrás de ellos hay 35 profesionales de Aliados Centro Especial de Empleo que llevan dos años demostrando que la competencia laboral no necesita de etiquetas.
La colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y Aliados Centro Especial de Empleo comenzó en 2023 con la gestión de las conserjerías en centros cívicos y CEAS (Centros de Acción Social), esos espacios de titularidad municipal donde late el pulso de la participación ciudadana, la cultura de proximidad y los servicios sociales de base. Lo que empezó como un servicio piloto ha ido creciendo al ritmo de la confianza: primero se consolidó en los centros cívicos, luego se extendió a los centros de acción social y, recientemente, ha alcanzado dos equipamientos comerciales emblemáticos de la ciudad, el Mercado de la Rondilla y el Mercado de La Marquesina.
No se trata de un programa de inserción temporal ni de una medida asistencial con fecha de caducidad. Es un servicio profesional en el que personas con discapacidad desempeñan funciones equiparables a las de cualquier trabajador del sector de servicios municipales: apertura y cierre de instalaciones, atención directa a la ciudadanía, recepción de consultas, gestión del uso de salas y equipamientos, etc. «Lo que hacemos es identificar qué tareas concretas requiere un servicio real y garantizar que nuestros trabajadores y trabajadoras cuenten con la formación, el acompañamiento y los ajustes razonables necesarios para desarrollar sus funciones con autonomía y profesionalidad». incide Justo Calvo, Gerente Nacional de Operaciones de Aliados CCE. Una frase que debería ser redundante pero que, en un país donde la tasa de empleo de las personas que tienen discapacidad apenas alcanza el 28%, sigue siendo una declaración de principios.
El rostro visible de los equipamientos públicos
Quien entra en un centro cívico de Valladolid no busca un gesto de buena voluntad institucional; busca información precisa, un espacio disponible, una respuesta rápida. El personal de conserjería es el primer contacto, el filtro que organiza el flujo de personas, el profesional que conoce el funcionamiento interno de un equipamiento complejo donde conviven talleres de pintura, asambleas vecinales, cursos de informática, reuniones de asociaciones y actividades infantiles, entre otras.
En los CEAS, espacios donde se gestionan prestaciones y programas de apoyo social, la labor adquiere un matiz adicional: se trabaja en entornos donde las personas pueden estar atravesando situaciones de vulnerabilidad, lo que exige habilidades comunicativas, discreción y capacidad para manejar la diversidad de demandas sin perder la eficiencia.
En los mercados municipales, la conserjería se integra en el tejido comercial de barrios históricos como La Rondilla o zonas en transformación como La Marquesina, donde el mercado es punto de encuentro vecinal y motor económico de proximidad. «Hay una oportunidad para cada persona», afirma Almudena Fontecha, presidenta del Comité Ejecutivo de Aliados. Para Fontecha, el modelo de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid ejemplifica cómo las administraciones públicas pueden apostar por la integración laboral de manera efectiva. «Damos prioridad en la contratación a las personas en situación de vulnerabilidad, pero siempre desde un enfoque profesional porque estos servicios permiten ofrecer trabajo real y acompañamiento, en distintos perfiles que van desde la atención al público hasta la gestión de instalaciones municipales«, incide. La presidenta destaca que la clave del modelo radica en prestar servicios que las empresas y administraciones necesitan de verdad, no en crear empleos ficticios.
Más allá de las etiquetas: competencia profesional en acción
Los centros especiales de empleo son empresas donde al menos el 70% de la plantilla está formada por personas con discapacidad, y su razón de ser es generar empleo productivo, no ocupacional. En España operan más de 2.300 centros de este tipo que dan trabajo a aproximadamente 111.000 personas, según datos de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. Pero la pregunta que atraviesa el sector no es cuántos empleos se generan, sino qué tipo de empleo se genera y si realmente funciona como puente hacia la inserción en el mercado ordinario o como destino laboral permanente.
El caso de Valladolid aporta un matiz relevante a ese debate. Cuando el trabajo consiste en gestionar un servicio municipal de atención directa a la ciudadanía, cuando los profesionales se forman y reciben apoyo para desplegar las habilidades específicas del puesto, cuando la evaluación del desempeño se mide en función de la calidad del servicio prestado, la frontera entre empleo protegido y empleo ordinario se difumina. Lo que queda es la competencia profesional, y esa no necesita etiquetas. «Cada uno de nosotros tenemos nuestras cualidades, nuestros puntos fuertes y puntos débiles», explica Justo Calvo. Esa mirada, alejada del paternalismo y centrada en la evaluación de capacidades reales, es la que sostiene servicios como el que presta Aliados CEE en Valladolid.
Además, se aplica un principio que debería ser universal en cualquier entorno laboral: la adaptación razonable del puesto. Se trata de identificar qué tareas concretas requiere un servicio real y qué ajustes —de horario, de herramientas, de procedimientos— permiten que una persona desarrolle ese trabajo con autonomía. En el caso de los centros cívicos y mercados municipales de Valladolid, esa adaptación ha permitido construir equipos estables que responden a las necesidades operativas de equipamientos con alta afluencia de público.
El desafío de la brecha persistente
Pese a los avances, los datos siguen dibujando una realidad incómoda. La tasa de empleo de las personas con discapacidad en España se sitúa en torno al 28%, frente al 68% de la población general. La brecha, lejos de reducirse, ha crecido casi 8 puntos en la última década, según el Informe Odismet de Fundación ONCE.
Por eso, experiencias como la de Aliados CEE en Valladolid importan: no porque resuelvan el problema estructural, sino porque demuestran que es posible diseñar servicios públicos donde las personas con discapacidad ocupen puestos de responsabilidad directa, con contratos estables y funciones profesionales equiparables a las del resto de la plantilla.
Almudena Fontecha insiste en que lograr una inclusión laboral plena exige «un compromiso de todos los agentes sociales involucrados, especialmente las Administraciones públicas, las empresas, entidades del tercer sector y el tejido asociativo». El Ayuntamiento de Valladolid ha asumido ese compromiso de manera concreta: no mediante declaraciones genéricas sobre diversidad, sino mediante la contratación de un servicio profesional que pone a personas con discapacidad en primera línea de la atención ciudadana.
Porque al final, cuando un vecino de Valladolid pregunta en la recepción de su centro cívico por el horario de una actividad, no está evaluando si quien le atiende tiene o no un certificado de discapacidad. Está evaluando si obtiene la información que necesita, si el trato es correcto, si el servicio funciona. Y en esos gestos cotidianos, en esa normalidad sin aspavientos, es donde se construye la verdadera inclusión.